Desde los Colegios profesionales de Trabajo Social y el Colegio de Psicólogos de Tucumán solicitaron una audiencia a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, un día antes de que sucediera el femicidio de Rocío Rojas, para tratar aspectos vinculados a las condiciones de trabajo de los y las profesionales, la precarización laboral, la falta de presupuesto y de personal.
El jueves de la semana pasada, Tucumán activó sus alertas ante la desaparición de Rocío Milagros Rojas, una niña de 4 años que vivía en un asentamiento de la localidad de Lules. Con el correr de las horas y un operativo policial en despliegue, el viernes un testigo habría contado que en realidad la niña había sido asesinada por sus familiares. Entre estas personas fue señalada su madrina quien había realizado la denuncia por la presunta desaparición, y otras dos personas.
Desde entonces, los detalles de los maltratos que sufrió la niña quedaron expuestos a la sociedad, junto a la vulnerabilidad en la que se encuentran las infancias en Tucumán. Hasta el momento no se pudo precisar qué fue lo que sucedió, sin embargo, el fiscal Lopez Bustos solicitó la prisión preventiva para los tres sospechosos.
Desde los Colegios profesionales de Trabajo Social y el Colegio de Psicólogos de Tucumán vienen alertando sobre las condiciones presupuestarias y laborales en las que trabaja la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo encargado de proteger a las infancias dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. La dirección está a cargo de Guadalupe Casas hace un mes, quien reemplazó a Lorena Málaga.
De hecho, un día antes que sucediera el femicidio de Rocío solicitaron una audiencia con esta institución para “tratar aspectos vinculados a las condiciones de trabajo de nuestros/as colegiados/as, en el marco del cumplimiento de las leyes que rigen el ejercicio profesional de cada disciplina”.
La solicitud surge de los pedidos de intervención que realizaron los y las profesionales que se desempeñan en el ámbito de la DINAyF.
En la nota, señalan algunas irregularidades que suceden dentro del ámbito de la dirección vinculadas al ejercicio profesional. Entre ellas, modificaciones a informes de los/as profesionales realizadas por personas jerárquico sin título habilitante, personal administrativo, estudiantes universitarios o terciarios en ejercicio de tareas específicas de incumbencia profesional, exposición a profesionales a situaciones de riesgo sin garantías de protección en la actuación profesional, excesiva carga laboral donde cada profesional puede llegar a tener bajo su responsabilidad entre 70 y 100 casos en simultáneo y la demandas de urgencias, falta de estabilidad laboral, bajo contratos de locación de obras, menor remuneración en comparación de otros profesionales de otros Ministerios del Poder Ejecutivo.
El caso del femicidio de Rocío tiene impregnadas no solo las violencias que recibió por parte de su familia, sino también el abandono del Estado. Esas marcas pueden rastrearse en casos similares como el de Erika, Solange Almirón, Abigaíl Riquel y Abigail Luna, todas niñas que fueron asesinadas por la violencia machista.
Rocío y la responsabilidad del Estado
“La opinión pública direcciona las críticas a una falla de un técnico profesional cuando sabemos que hay condiciones estructurales que son las que generan lamentablemente estas situaciones. Es muy miope apuntar a una falla técnica cuando hay todo un sistema proteccional que está haciendo aguas. Y así como en el caso de Erika no ha habido una política de fondo que busque transformar y fortalecer el sistema proteccional, se ha vuelto a dar esta situación con el caso Rocío”, afirma Soledad Roldán, presidenta del Colegio de Trabajo Social.
Erica era una niña de tres años, que en julio de 2020 ingresó a un hospital sin vida con signos de violencia física y desnutrición. Los vecinos habían realizado denuncias telefónicas previas por la situación en la que se encontraba la niña.
En su historial, se registra que, en 2018, fue internada en la Sala Cuna junto a sus dos hermanitas porque su mamá tenía severos problemas de adicción y se encontraba en situación de calle.
Luego, por una disposición judicial, fueron entregadas al abuelo, a cargo de otros hijos y en situación de pobreza, sin que se hiciera una evaluación del nuevo escenario familiar. Ni desde la justicia ni las autoridades de la Dirección de Familia, Niñez y Adolescencia realizaron un seguimiento a la familia en clara situación de vulnerabilidad con el agravante de numerosos antecedentes de violencia de género y maltrato infantil.
Desde entonces, nada se modificó en la DINAyF, solo se acrecentó el control y la supervisión sobre los mismos técnicos. No se aumentó personal o recursos, ni hay más transporte para ir a hacer visitas. Salen una vez a la semana y cada técnico/a interviene entre setenta y cien casos. “Pensemos que son familias que muchas veces no tienen recursos para llegar hasta las oficinas de la dirección de familia, así que hay que ir hacia el encuentro de ellas. Salir sólo una vez a la semana no facilita el trabajo. Entonces, si no van a haber más recursos ni más personal, estas situaciones van a seguir pasando”, señaló la trabajadora social.
Para la profesional, faltan políticas públicas de infancia que fomenten el cuidado. “Hablamos de cuidados desde una perspectiva feminista y no solamente como una tarea de la familia y dentro de la familia, las mujeres, sino también como una responsabilidad del Estado. No pasa solamente por supervisar a la familia, sino por ofrecer un espacio concreto de atención a la primera infancia y todo lo que sea población dependiente, adultos mayores discapacitados, en las mismas comunidades y que hoy por hoy no hay o hay muy poquito”.
“Tenemos las mismas dificultades con las colegas”, sostiene Roberto Marchetti, presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia. Además, agrega que “el tema de la incumbencia relacionada hasta dónde se puede trabajar como psicóloga es muy importante tener en claro el campo profesional, el campo de acción, porque sobre eso deviene la responsabilidad legal dentro de cada profesión. No están dadas las condiciones para que se lleven a cabo las tareas que tienen una gran responsabilidad. Cada vez hay más vulnerabilidad y entonces aumenta la población de casos de violencia, de abuso sexual”.
Ambos concuerdan sobre la falta de políticas estructurales de fondo. “Hay un gran problema, la falta de diálogo, en serio, entre poderes judicial, legislativo y el Poder Ejecutivo, porque en el caso de Rocío como en el caso de Abigail en su momento, hay responsabilidad política de cada institución. Es necesario discutir qué hacemos con estos casos concretos donde vemos que el poder actuar de oficio, poder actuar de manera administrativa, no conlleve a que el o la profesional tenga que ser acusado por su responsabilidad”, afirma Marchetti.
“El sistema en ese sentido es perverso. Son situaciones muchas veces límite donde la gente está muy movilizada. Si te asignan cientos de casos y te dicen por qué no has hecho el seguimiento, cómo vas a seguir atendiendo lo que ya empezaste. En la medida en que no haya una política de fondo que fortalezca el sistema proteccional, estos casos van a seguir sucediendo”, lamenta Roldán.
El pedido de audiencia es para que el Estado escuche a los y las profesionales técnicas, las propuestas que tienen para poder intervenir de una mejor manera.
En relación al caso Rocío, desde la DiNAyF, expresaron que están a disposición de la Justicia para colaborar en lo que fuera necesario para esclarecer el asesinato de la niña. Según informaron desde la Dirección, el oficio de intervención en el caso llegó el 30 de junio. En la pandemia la violencia de género se agudizó. Lo demuestran las estadísticas oficiales y el aumento marcado de denuncias en los diferentes dispositivos del Estado.
Para la profesional, “la mirada que había quizás desde otras instituciones que estaban actuando antes como la Escuela, de repente ya no está tan fuerte. También hay que desidealizar a la familia, son espacios de relaciones de poder y donde muchas veces el más fuerte abusa del más débil. Que no esté la presencia del Estado, que debe poner un límite a través de distintas instituciones, es lo que ha hecho que casos que capaz que eran situaciones potenciales de riesgo se agudicen y terminen en situaciones de vulneración, quizás no tan graves como la que se ve ahora. Ha aumentado un montón la demanda”, finaliza la profesional.
