La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), que representa a 21 colegios profesionales de la provincia, se encuentra en estado de alerta ante el proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el gobierno nacional. Alberto Moyano, titular de la Federación, manifestó su profunda preocupación por la intención de desmantelar la obligatoriedad de la colegiación, una medida que considera un avance indebido sobre las facultades que la Constitución reserva a las provincias en un país federal. Para Moyano, el traspaso del tratamiento de la ley al Senado para el mes de febrero permite un espacio de análisis necesario ante una situación que generó una gran incertidumbre y «ruido» en el sector profesional independiente.
Moyano fue enfático al describir la función pública que cumplen las entidades intermedias en la provincia. Al respecto, señaló: «El Estado nos delega esa función. Nosotros somos como el brazo del Estado provincial para llevar el control. Es importante que las instituciones sigan garantizando de alguna forma a la sociedad el desempeño del profesional, que sean el órgano de control y disciplinario».
El dirigente explicó que los colegios poseen el «poder de policía» otorgado por el Estado para vigilar el correcto desempeño profesional en el medio social. Según Moyano, la intervención nacional resulta improcedente puesto que, en Tucumán, es la Legislatura la que autoriza o crea por ley cada colegio: «La Nación quiere intervenir en algo donde es potestad de las provincias a través de la Constitución. La Nación quiere avanzar sobre algo que es anticonstitucional, va en contra de lo que establece un país federal».
Gestiones y defensa del ejercicio profesional
Ante el inminente debate parlamentario, FEPUT inició una serie de acciones coordinadas con otras federaciones y la Confederación General de Profesionales Universitarios a nivel nacional. Moyano confirmó que buscarán entrevistarse con los representantes tucumanos en el Congreso: «Vamos a ir a entrevistarnos con los diputados nacionales y senadores para ponerle en conocimiento cuál es la posición que tenemos las instituciones. Queremos involucrar al vicegobernador y a la Legislatura de Tucumán en un mandato que le dio a los colegios y que esto va a tirar por la borda».
El titular de FEPUT subrayó que las comisiones de ética de los colegios son fundamentales para los ciudadanos, ya que ante ellas «se hacen las denuncias al respecto cuando algún profesional no cumplió con lo prometido o con lo contratado por un ciudadano».
El proyecto de reforma laboral pretende instaurar lo que se denomina «matrícula libre», eliminando la necesidad de que los profesionales se inscriban obligatoriamente en un consejo o colegio para ejercer. Esta desregulación se lograría mediante la derogación de marcos regulatorios generales y cláusulas específicas que alcanzan a una amplia gama de sectores, desde abogados y contadores hasta profesionales de la salud como médicos, odontólogos, farmacéuticos y bioquímicos.
Este cambio normativo, de acuerdo a las instituciones y colegios, tendría impactos profundos en la práctica diaria:
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Pérdida de control disciplinario: Los profesionales dejarían de estar bajo la supervisión de la entidad que rige la matrícula, lo que dificultaría la aplicación de sanciones por faltas éticas o mala praxis.
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Riesgo para el ciudadano: Se debilitarían los mecanismos que aseguran que quienes ejercen posean título y cumplan con los requisitos legales, abriendo la puerta al ejercicio ilegal o indebido de la profesión.
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Debilitamiento institucional: Al perder la potestad de la matrícula, los colegios verían afectada su economía y su capacidad de representación ante los poderes públicos.
Para Moyano, esta situación no es nueva, ya que recordó un intento previo de desregulación en mayo pasado, pero advirtió que la actual propuesta busca desmantelar la base legal que sostiene el control de las profesiones liberales en todo el país.
