Tucumán, 20 de febrero de 2026. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) concretó la firma de un convenio de trabajo conjunto con la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Justicia del Gobierno de Tucumán, con el objetivo de promover y fortalecer acciones con enfoque de derechos en el territorio provincial.
El acuerdo fue suscripto, por parte de FEPUT, por el presidente Ing. Alberto F. Moyano y la secretaria CPN Inés Araoz; y por parte de la Secretaría, por el secretario Dr. Mario Agustín Racedo y el subsecretario Procurador Pablo Vega Coronel.
En el marco del convenio, ambas instituciones se comprometen a impulsar instancias de formación, capacitación, investigación, reflexión, producción académica, intervención comunitaria y articulación interinstitucional, además de promover la conformación de mesas de trabajo y espacios colaborativos orientados a la promoción y protección de los Derechos Humanos y al aporte técnico-profesional para el diseño e implementación de políticas públicas.
Ejes estratégicos de trabajo
Las acciones previstas se organizarán inicialmente en cinco líneas de trabajo colaborativo:
-
Memoria, Verdad y Reparación Histórica: espacios de reflexión, investigación, formación y difusión sobre procesos de vulneración de derechos humanos en Tucumán.
-
Derechos Humanos y Formación Ciudadana: programas de capacitación, jornadas y actividades académicas para promover derechos, participación ciudadana, igualdad, diversidad y cultura democrática.
-
Justicia Social, Desarrollo y Reindustrialización: elaboración de propuestas y aportes técnicos para políticas públicas de justicia social, desarrollo sostenible, inclusión laboral y fortalecimiento del entramado productivo y social.
-
Articulación Institucional y Académica: trabajo conjunto con universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales y organismos públicos, fortaleciendo redes de cooperación y producción de conocimiento aplicado.
-
Cultura de Paz y Resolución Pacífica de Conflictos: acciones formativas y comunitarias para promover diálogo social y resolución pacífica de conflictos.
El convenio prevé también que puedan incorporarse nuevas iniciativas mediante actas complementarias, ampliando el alcance del trabajo conjunto en función de las necesidades y prioridades que se definan en adelante.
