La desregulación económica, basada en las ideas de libre competencia en el mercado, promover la competencia entre los proveedores de servicios, y de eliminar barreras que favorezcan el monopolio, tiene un riesgo en la actividad profesional, porque favorecía la aparición de actividades no profesionales, que utilizarían incumbencias que corresponden a un título universitario; es decir, existiría una igualdad, con aquellas personas, que no cuentan con un título profesional, ni especialidad, ni tampoco una formación continua.
Estarían escindidos de un control sobre la ética profesional; por lo tanto, existirían por un lado profesionales universitarios, invadiendo incumbencias entre sí, y personas no profesionales, compitiendo en el mismo mercado en las distintas áreas de producción y servicios, por lo cual la competencia, sería desigual, porque no provocaría el efecto de competencia de aranceles de servicio y calidad prestacional, solo provocaría una precariedad, y un riesgo a la población, al no tener asegurado el servicio que contrata. Por ejemplo, una construcción de una casa, debe contar con una dirección técnica, y también debe contar con controles técnicos, que establecen cada jurisdicción estatal. Ahora ¿qué pasaría, si la dirección técnica, la hiciera una persona que no es arquitecto o un ingeniero civil? ¿o el control estatal, para la certificación, no lo hiciera un profesional universitario, solo un empleado no calificado? El riesgo que puede poner en peligro para la persona que habitarían el hogar, quedaría a merced de una demanda civil, cuando lo podría solucionar con la garantía y el seguro que contrata el interesado.
Otro ejemplo claro, sería una persona afectada emocionalmente, que pasaría, si es atendida por una persona que brinda un tratamiento sin evidencia científica, y sin instituciones que regulen la ética, ¿ante el caso de una mala praxis? Un seguro, no tomaría de cliente a una persona que brinda constelaciones familiares, a personas con ideación suicida. La muerte, quedaría solo para la familia, buscar en el fuero penal, en un juicio, con mas para perder, porque la libre elección, fue del cliente.
El combate a los monopolios, sería hacia los colegios y asociaciones profesionales, que regulan sus aranceles, no así a los monopolios de empresas, que buscaría tercerizar a través de una precariedad de precio real, lo cual fomentaría más una desleal competencia, y una baja calidad prestacional, porque la política de eliminar precios regulados, en este caso de aranceles, solo burocratizaría el sistema de búsqueda de precios, acorde a la demanda. También sería difícil para el poder judicial fijar aranceles reales, en el servicio de pericias, porque tendería a buscar el menor precio, sin medir el costo del servicio, el cual, al no ser atractivo, pasaría a incrementar la demanda en el sistema público.
En conclusión, desde FEPUT nos encontramos en estado de alerta, ante cualquier intento de proyecto de ley, que busque que bajo el concepto de desregulación se disfracen la intención de precarizar los servicios de actividades profesionales para favorecer a grupos económicos, que serían los más beneficiados en fijar aranceles, en detrimento a la población.
